Bienes avaluados en más de 7.000 millones de pesos fueron ocupados con fines de extinción de dominio. Los elementos de prueba indican que habrían sido adquiridos con dineros producto de maniobras desplegadas para defraudar al Estado.
La lucha incansable contra la corrupción en Colombia ha dado un nuevo y contundente golpe. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ha liderado una ‘Semana anticorrupción’ que ha dejado en evidencia la magnitud de la corrupción que ha afectado al país.
En una serie de diligencias llevadas a cabo en ocho departamentos, los investigadores del CTI lograron ocupar bienes que, según las pruebas recopiladas, estarían vinculados a personas investigadas por presuntamente participar o auspiciar actividades ilícitas con el fin de apropiarse de recursos del Estado. Estas acciones han resultado en la afectación de bienes por un valor total que supera los 7.000 millones de pesos.
Los bienes ocupados han sido sometidos a medidas cautelares que incluyen la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro. Entre las propiedades afectadas destacan:
1. Propiedades de Gustavo Adolfo Aguilar Vivas: Se han ocupado 16 inmuebles rurales y urbanos ubicados en Popayán, Cali, Armenia y Bogotá, con un avaluó de 2.580 millones de pesos. Estos activos se presume que forman parte del patrimonio de Aguilar Vivas, quien habría desviado recursos de la salud para inversiones tanto nacionales como internacionales en el periodo de 2008 a 2012.
2. Bienes de los hermanos Fabio y Sergio Cabarcas Pardo: Se han ocupado 9 inmuebles urbanos y 9 vehículos en Cartagena, con un valor que supera los 2.200 millones de pesos. Estos bienes estarían vinculados a una trama que involucra abogados y un juez de la República en el presunto reconocimiento irregular de pensiones millonarias en detrimento del Instituto de Seguro Social (ISS).
3. Bienes relacionados con la población indígena de Cumaribo:Se han ocupado 6 inmuebles urbanos y 1 rural en Bogotá, valuados en cerca de 1.000 millones de pesos. Estos predios habrían sido adquiridos con recursos destinados a la atención de la población indígena de Cumaribo (Vichada) y se presume que fueron desviados irregularmente entre 2014 y 2015.
4. Propiedades de Fabián Alberto Montoya Calderón: 5 predios urbanos ubicados en Pereira y Caicedonia, con un valor que supera los 1.000 millones de pesos, han sido ocupados. Se cree que estos bienes pertenecen al abogado Fabián Alberto Montoya Calderón, quien fue condenado por elaborar documentos falsos utilizados para respaldar solicitudes de pensiones de invalidez ante Colpensiones.
5. Inmueble relacionado con el exalcalde de Valledupar: Un inmueble en Valledupar con un costo estimado de 300 millones de pesos ha sido ocupado. Se encuentra a nombre del exalcalde de Valledupar, César Augusto González Armenta, quien podría ser el responsable de las irregularidades detectadas en un contrato de prestación de servicios para fortalecer la orientación vocacional profesional de estudiantes de grado 11.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de estos bienes afectados con fines de extinción del derecho de dominio, garantizando que los recursos regresen al Estado y se haga justicia en casos de corrupción que han dañado la confianza en las instituciones públicas de Colombia.
