Luis Eduardo Castro resaltó que su administración es respetuosa del derecho constitucional a la protesta social siempre y cuando no se generen grandes afectaciones a la ciudad.
El Alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, participó en el Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por la Gobernación de Casanare y con presencia del Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa como representante del Gobierno Nacional. La actividad es parte del mecanismo de respuesta institucional a las manifestaciones y protestas que se han registrado en la ciudad en el marco del Paro Nacional que completa 34 días.
Durante su intervención, el mandatario de los yopaleños insistió en que su gobierno es respetuoso del derecho constitucional a la protesta social siempre y cuando no se generen grandes afectaciones a la ciudad. Agregó, «El peor enemigo es el tiempo, tenemos claro que constitucionalmente debemos dar las garantías a la protesta, pero también debemos ver los derechos de los demás».
Luis Eduardo Castro reiteró que la medida inicial de atención y respuesta institucional es el diálogo y recalca que dicho diálogo debe ser rápido para minimizar al máximo las afectaciones colectivas con acciones como el bloqueo de vías y algunos desmanes que se han registrado últimamente. De igual manera, el mandatario local aseguró que hará lo humanamente posible para mantener los escenarios de protesta y manifestación ciudadana lejos de las zonas residencial para así poder garantizar el bienestar de los yopaleños.
El Alcalde de Yopal solicitó al Gobierno Nacional mayor apoyo en la estructuración de una hoja de ruta y una matriz de acción que permita tener claridad en los entes territoriales sobre la mejor manera de afrontar este tipo de situaciones de inconformismo ciudadano.
Finalmente, la primera autoridad de la ciudad rechazó rotundamente las amenazas y hasta afectaciones físicas que han sufrido los funcionarios públicos que fungen como intermediarios y garantes del derecho constitucional de la protesta social, agregó que bajo ninguna circunstancia se debe tolerar que las personas involucradas en las jornadas de manifestación se vean afectados en su integridad.
