Rifi-rafe institucional entre la Gobernación de Casanare y la Asamblea Departamental. Este lunes 19 de mayo, el Gobierno Departamental no asistió a la mesa de trabajo convocada por la Asamblea para revisar observaciones jurídicas al Proyecto de Ordenanza N.º 006 de 2025, que propone incorporar más de \$132 mil millones al presupuesto del departamento.
Aunque la reunión había sido pactada públicamente, ningún delegado del Ejecutivo acudió, lo que fue interpretado como una falta de compromiso en medio de una discusión clave para el futuro financiero del departamento.
La Asamblea expresó su molestia e insistió en su voluntad de diálogo, pero cuestionó la seriedad del Gobierno frente a un proyecto con alto impacto social.Minutos después, y en un movimiento que subió la tensión, el Consejo Departamental de Planeación emitió un comunicado respaldando la urgencia del proyecto.
En el documento, instan a los diputados a “subsanar cualquier inconveniente” y aprobar la ordenanza, señalando que su no aprobación pondría en riesgo la ejecución de varios programas estratégicos.Sin embargo, desde la Asamblea la posición es clara: antes de aprobar nuevos recursos, es necesario aclarar las inconsistencias detectadas. Alegan que el control político no puede ceder ante la presión, por más millonaria que sea la cifra o urgentes que parezcan los proyectos.
En este contexto, surgen preguntas inevitables: ¿Por qué no asistió el Gobierno a la mesa de trabajo? ¿Está intentando eludir el debate jurídico y político? ¿Debe la Asamblea ceder ante la presión de los sectores que representan los consejeros?
Por ahora, el proyecto sigue en vilo, y lo que está en juego no solo son recursos, sino la confianza institucional y la credibilidad de quienes gobiernan y legislan.