La Contraloría Departamental de Casanare, ha solicitado en un escrito dirigido al Tribunal Administrativo de Casanare, dentro de una acción popular instaurada por Wlfran Castillo, frente a las obras de la nueva plata del acueducto que se construye en inmediaciones de la vereda La Vega, en las riberas del río Cravo Sur.
La Contraloría ha solicitado al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, que se cumpla en su integridad lo contratado en la planta de tratamiento de agua potable hasta el casco urbano de Yopal, de acuerdo a los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños que se le presentaron al Tribunal y que fueron aceptados como la solución definitiva al problema objeto de la acción constitucional.
Hace referencia la solicitud, que por efectos de la acción popular, la obra tiene apropiados 94 mil millones de pesos aproximadamente, sin incluir obras futuras, como el punto crítico de la línea de conducción cercana al puente la Cabuya y la línea final hasta «Los apartamentos».
La planta de tratamiento, reclama la Contraloría, fue concebida para un caudal de setecientos cincuenta litros por segundo y conducidos por una línea de treinta y seis pulgadas, de acuerdo con los estudios y diseños que fueron establecidos para cumplir con el modelo de abastecimiento y tratamiento de agua potable para el casco urbano de Yopal, como solución definitiva.
Esta petición se justifica en que la Contraloría Departamental de Casanare actúa en defensa del patrimonio público y los derechos colectivos, y con la responsabilidad constitucional y legal de vigilar y controlar fiscalmente las inversiones de la Gobernación de Casanare, el Municipio de Yopal y la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal, y por ello no se concibe que se modifiquen los estudios y diseños de la línea de conducción, la cual fue establecida para transportar el líquido potable en una tubería de 36 pulgadas y no con una tubería de 18 pulgadas, tal como se pretende, al conectar la línea construida de 36 pulgadas a la de 18 pulgadas que ya está construida en inmediaciones de la planta de agua conciliada, y con ello señalarle al tribunal la terminación de las obligaciones establecidas por las entidades comprometidas en este proceso.
Se indica que si se acepta esta modificación, nunca se debió entonces destinar por las entidades que integran la pasiva, recursos para una obra que rondan los 110 mil millones de pesos, sino los 10 mil millones de pesos que se invirtieron en la PLANTA CONCILIADA, la cual tiene una línea de conducción de DIECIOCHO PULGADAS (18″).
Finalmente agrega que este cuestionamiento busca que no se presente una situación tan aberrante como muy seguramente lo es, la contratación de la Hidroeléctrica de Hidroituango, donde se modificaron diseños y se afectó la obra pública, se generaron presuntamente gestiones fiscales antieconómicas y se ha puesto en vilo el fin de la contratación estatal.
